El Promotor de la Biorrefinería se siente insultado ante las declaraciones del Vicepresidente de la Junta

No ha sentado nada bien ni a la Plataforma Pro Biorrefinería ni al promotor del Proyecto, las declaraciones realizadas ayer por el Vicepresidente de las Cortes, José Antonio de Santiago-Juárez, en las que indicaba que no es proyecto viable y apuntaba a la nula inversión realizasa por los responsables del proyecto.

Vicente Merino, como Promotor de la Biorrefinería de Barcial del Barco, señalaba que se sentía insultado por segunda vez tras las declaraciones de un representante político de las Cortes, que en esto caso denuncia que sus declaraciones se han realizado “de manera sesgada, manipulada, e intoxicada”.

Merino no entiende que en 2016 este proyecto consiguiera ser estratégico por parte de la Junta de Castilla y León, el Gobierno Central y el Parlamento Europeo y actualmente el Gobierno Regional dé un portazo a la Biorrefinería señalando que no es viable, poniendo en duda el trabajo que hasta ahora han realizado los responsables del proyecto.

Merino, con documentos confidenciales, daba datos realizados por empresas independientes donde se refleja que en los últimos 12 años han invertido entre gastos reales y valoraciones de trabajos técnicos, estudios, proyectos, contratos, búsqueda de socios más de 3,5 millones de euros.

Además la valoración de patentes es superior a 20 millones de euros, firmada por una empresa líder en el sector.

Otro de los pasos realizados por los emprendedores es el acuerdo de ventas con una multinacional líder en el sector químico a 20 años con una cifra de ventas superior a 2.000 millones de euros. Se han llegado a acuerdos también, para el suministro del 100% de la materia prima con las organizaciones agrarias, dos multinacionales que serán el aval de la biorrefinería siendo socios industriales. Además, añade el apoyo de las entidades bancarias, con una aportación de 100 millones de Euros.

Merino señala que los promotores no pueden poner los 40 millones de euros , por ello necesitan la ayuda de la Junta de Castilla y León como ha hecho con otras empresas como Nissan, Abengoa donde se destino 150 millones de euros “estando en quiebra” o Biorrefinería Clamber financiada en su totalidad con dinero público.