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En una sala de plenos donde el calor se concentraba de manera inhumana, como pasa durante todos los veranos, y donde los cuatro ventiladores poco podían hacer para paliar las altas temperaturas que se registraban en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura La Encomienda, se desarrollaba el Pleno del mes de julio con seis puntos a dictamen, ocho mociones y los ruegos y preguntas.
En esta sesión el último punto abordaba la aprobación de un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por un importe de 44.780,28€ perteneciente a facturas impagas del año 2016, entre las que se encuentran las obras ejecutadas en las Ciudad Deportiva y pistas de Atletismo por 7.049 euros, obras de acondicionamiento del firme en la Carretera del Caracol por 2.000€ y las ejecuciones en la construcción de la rotonda del CTLB por un valor de 35.764€.
Con este último importe se generaba el debate, en varias ocasiones manteniendo un tono intenso, entre los grupos políticos de la coalición de gobierno, PSOE-IU, y los concejales de la bancada popular. El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Burón, argumentaba que esta partida está destinada a obras no incluidas en el proyecto de ejecución de la rotonda, como son limpiar y desviar el caudal de la cequia, achicar el agua en la zona y la modificación de las redes pluviales y pavimentación en la canal próximo a la A6.
Burón defendía que son “incidencias ineludibles a pesar de no pertenecer al proyecto”, añadiendo que no se pudieron tramitar “en el procedimiento legalmente establecido, ya que el plazo de ejecución de las obras tenía que presentarse antes del 1 de diciembre”.
Un proyecto que tal y como indicaba el Portavoz de IU ha sido recepcionado por la Diputación, dando su visto bueno a la ejecución, y recriminando a los concejales populares que ellos “no se atrevieron a hacerlo”. Además, criticaba la postura del PP respecto a estas obras, alegando que “han hecho correr ríos de tinta”, con la denuncia pública de una ilegalidad en la ejecución de estos trabajos que no figuraban en la Unidad de Obra, sin la autorización de Confederación Hidrográfica del Duero y las razones redactadas en los informes técnicos municipales, que tal y como puntualizaba Manuel Burón “no las voy a leer porque son muy técnicas”.
Por el Partido Popular, Manuel Vega quiso aclarar que su partido no cuestiona la ejecución de los trabajos ni de su necesidad, lo que explicaba era que el Ayuntamiento podría haber solicitado la mitad del plazo, aludiendo a la Ley de Subvenciones del Sector Público, lo que daría un margen para los trabajos, además de poner de manifiesto un incumplimiento en los plazos de la obras a partir de la segunda semana, en la que correspondían la colocación de marcos, trabajo que hubiera descubierto los fallos que posteriormente se solucionaron.
La concejala de Hacienda, Patricia Martín, por parte del PSOE, reiteraba que por parte de la Diputación de Zamora, Administración encargada de subvencionar estos trabajos mediante un convenio firmado con el Ayuntamiento, daba el visto bueno a la obra ingresando el importe en las cuentas municipales.
Martín quiso recordar al concejal popular que durante el mandato del PP y realizándose las obras de ensanche en la Avenida Federico Silva se presentó un problema similar con la aparición de una tubería “y se tiró para adelante”.
En el segundo turno de intervención y con el debate centrado totalmente en las obras de la rotonda del CTLB, el concejal de Izquierda Unida, Manuel Burón puntualizaba que en el año 2013 el Partido Popular llevaba a pleno un Reconocimiento Extrajudicial de crédito de 41.800€ relacionado con las obras de las pistas deportivas, facturas para pagar trabajos extras “mediante un procedimiento irregular y como dicen ustedes ‘ilegal’”.
Manuel Vega respondía que en el caso actual no se ha contado con un aval por lo que ante la exposición de los motivos del PP en el pleno, además de calificar estos hechos como una de las “peores obras en los últimos años”, por ello pedirán la celebración de una Comisión Informativa Extraordinaria, además de solicitar la dimisión del Alcalde de Benavente o la Concejala de Urbanismo.
La concejala Patricia Martín era la encargada de cerrar el turno de intervenciones pidiendo al PP que asuma las responsabilidad políticas durante su gobierno, entre ellas las obras de Pasarela que supusieron 3,4 millones de euros.
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