UGT destaca que la concejalía de personal no ha llegado a ningún tipo de acuerdo en dos años

FeSP de UGT convocaba en su sede de Benavente a los medios de comunicación para dar su postura ante la reciente sentencia judicial sobre el despido del trabajador de la OMIC y que fue desestimada por el juzgado de lo Social de Zamora a favor del Ayuntamiento de Benavente.

El secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Zamora, Francisco Estravís, anunciaba que ante esa decisión judicial interpondrán un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia, ya que no están de acuerdo con la decisión de la magistrada pero “acatamos y respetamos a pesar de la disconformidad con el fallo”.

Para UGT la sentencia no juzga nada “porque no hay nada que se tenga que juzgar sobre la política de personal del Ayuntamiento”, destacando que el Concejal de Personal pretende con esta sentencia “dar un espaldarazo a la política de personal del Ayuntamiento”, algo que lo califican como “un exceso verbal que no se corresponde con los hechos”.

Estravís señalaba que la política de personal del Ayuntamiento está malparada ya que esta sentencia “es una victoria parcial”, recordando que ha habido seis sentencias en contra del Ayuntamiento interpuestas por trabajadores por despido improcedente con el pago de “importantes indemnizaciones”, a lo que suman la sentencia recaída a favor de los Policías Locales a través de un Contencioso, quienes, tal y como indica Francisco Estravís, han interpuesto una nueva demanda.

Con el recurso de súplica, ahora es el Tribunal Superior de Justicia el que dictamine una decisión definitiva de este despido, el cual desde UGT aseguran que el Ayuntamiento no estaba en la obligación de promover la extinción del contrato o para evitar incurrir en “el enésimo fraude de ley”. “Y esto es así porque, en el caso de que se acepte nuestra tesis, el fraude de ley habría tenido ya lugar hace mucho tiempo (mucho más del que lleva gobernando la actual Corporación) y, por lo tanto, el contrato tenía ya carácter de indefinido no fijo” narra el Secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, quien añade que en el caso de que se acepte el criterio de la letrada de la Corporación “el plazo de dos años para que la Institución Municipal llegara a incurrir en un nuevo fraude de ley con este trabajador, habría empezado a contar en febrero de este año” aseguran.

Para UGT le concejalía hubiera tenido tiempo para la adopción de decisiones “reposadas”, incluída la convocatoria pública del puesto de trabajo en la Oferta de Empleo Público de 2018. por ello piden a la concejalía de Personal que explique cuáles fueron los motivos para la extinción del contrato y ofrecerle uno de Obra o Servicio Determinado “Y también por qué no se ha sacado a oferta pública esta nueva contratación, como sería lo lógico, si nos atenemos estrictamente a los principios de igualdad, mérito y capacidad de los que tanto alardea el Señor Concejal”.

UGT está dispuesto a conceder al concejal el beneficio de la duda y aceptar que en su decisión “no mediaban segundas intenciones”, añadiendo que “En el mejor de los casos, son elementos integrantes de lo que el Sr. Concejal llama política de personal. Política de personal que, a juzgar por los hechos, tiene como único objetivo corregir los abusos de contratación de personal cometidos por las corporaciones anteriores, y hacerlo a cualquier precio, incluido el de sobrepasar los límites legales en perjuicio de los derechos de los trabajadores”, explica.

UGT reitera que en dos años de mandato no se ha abordado la reestructuración de la plantilla de personal del Ayuntamiento, “lo único que se puede decir que se ha hecho es comprometer un gasto de 30.000 € con una empresa privada, que será la encargada de elaborar una RPT”, una Relación de Puestos de Trabajo que estará finalizada en 2019.

“Tampoco se ha logrado en dos años concluir la negociación de un reglamento de personal funcionario que viene ya enquistado de la legislatura anterior; ni se ha logrado (de hecho no se ha intentado) concluir la negociación de un convenio colectivo, cuyo período legal de negociación, según estipula la ley, concluirá el presente mes de julio sin que se haya celebrado ninguna reunión, salvo la de constitución de la mesa negociadora” inciden desde el sindicato.

Francisco Estravís añade que el grado de satisfacción del personal municipal no ha mejorado con la concejalía de Personal, asegurando que la política llevada a cabo ha precarizado el empleo público y la pérdida de seguridad jurídica de sus empleados.

Respecto al llamamiento al diálogo realizado por el edil de personal, UGT señala que debe ser un intercambio leal y sincero de “información veraz y de opiniones y una intención real de Llegar a acuerdos de buena fe”.

El sindicato recrimina que el Equipo de Gobierno adopta decisiones unilaterales “sin comunicárselas a la otra y a sabiendas de que son contrarias a lo que ésta defiende” añadiendo que el despido del ex trabajador de la OMIC “fue sólo la gota que colmó el vaso de nuestra desconfianza, porque se produjo poco tiempo después de la reconstrucción, a instancias nuestras, de unas relaciones institucionales que no navegaban por las mejores aguas”.

UGT está dispuesto a dialogar, pero advierte que debe ser con garantías, en mesas de negociación formales constituidas al efecto y con la voluntad de llegar a acuerdos.