El PP anuncia que el Ayuntamiento debe hacer frente a una cuarta condena por despido improcedente

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular se centran en la figura del Alcalde de Benavente para argumentar que acumula cuatro condenas por despido improcedente de trabajadores, “ batiendo todo un récord de sentencias condenatorias contra los derechos de los trabajadores, jamás conocido en el Ayuntamiento de Benavente”.

Los populares explican que, al igual que en las tres condenas anteriores, el Juzgado de lo Social falló en contra del Ayuntamiento, declarando el despido improcedente y reconociendo al trabajaodr el derecho a percibir cantidades mucho mayores en concepto de idemnización, indican, de las que le había reconocido el Ayuntamiento. “En concreto la condena le reconoce el derecho a ser indemnizado con 2.861,46 €, 2.488,93 € más de lo que el Ayuntamiento le había reconocido”.

El PP argumentan que los cuatro último contratos se efectuaron por el Equipo de Gobieno dentro de su mandato “a este Equipo de Gobierno, que tanto le gusta hablar de fraude de Ley en la contratación de trabajadores, hay que recordarle que, tal y como se recoge en la Sentencia, se produjo fraude en la contratación”.

Tal y como señalan, la sentencia reconoce que el trabajador fue despedido sin haber sido cubierta la plaza definitivamente “ de esta forma queda acreditado que el Equipo de Gobierno PSOE-IU ha venido y sigue utilizando sistemas de contratación, sin haber creado la plaza, sin dotarlas presupuestariamente y sin cubrirlas posteriormente a través de concurso/oposición” inciden los populares.

Los ediles del PP denuncian “abusos cometidos por PSOE-IU contra los derechos de los trabajadores en su nefasta política de personal, sin importarle el dolor que han causado a los afectados y sus familias”. Considerando una burla que indiquen “ sensibilidad social diciendo que tendrían en cuenta la edad antes de despedir a nadie, cuando han mandado a la calle a personas con 59 años de edad”.

Los populares advierten que desde el Ayuntamiento tendrán que explicar a los benaventanos “el elevado coste que los varapalos judiciales tendrán para las arcas públicas, que pueden sobrepasar los 40.000 € si la última denuncia interpuesta por un trabajador se materializa en una nueva condena contra el actual Equipo de Gobierno”.