El PSOE en las Cortes piden un incremento en las plantillas de los juzgados

El portavoz de Presidencia del GPS en las Cortes de Castilla y León, Luis Briones, reclamó hoy “al menos” 19 nuevos juzgados en la Comunidad tras seis años sin incremento de plantilla siguiendo las reclamaciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que considera “imprescindible” la creación de nuevos órganos judiciales.

La propuesta defendida por Briones, y respaldada por los demás grupos, señala que “la pelota está en el tejado del Gobierno” para aliviar la “sobrecarga de los jueces” (hasta un 150% más de sobrecarga de tareas)  y para “atender adecuadamente a la ciudadanía”. De hecho, subrayó que la “modernización se logra con la digitalización pero también atendiendo adecuadamente a la sociedad incrementando los medios humanos y materiales de la Administración de Justicia”.

Asimismo, la Memoria del año 2016 de la Fiscalía General de Castilla y León hace “hincapié en las necesidades para la Fiscalía de nuevas plazas y nuevos medios”. A pesar de ello, añadió Briones, los jueces “están logrando mantener el ritmo del año anterior gracias a su esfuerzo”. 

En algunos casos, como señaló el procurador socialista por Zamora, José Ignacio Martín Benito, los juzgados de Benavente tienen “la misma plantilla que hace 25 años”, el “ritmo es insostenible” y se acumulan retrasos de hasta el 40%. Por eso, reclamó para Benavente un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, algo que también fue respaldado por los demás grupos parlamentarios. 

Por otra parte, la procuradora socialista por Burgos, Virginia Jiménez, se sumó a la “imperiosa necesidad” de incrementar la plantilla y los medios de los juzgados de Miranda de Duero.  Ilustró con cifras lo defendido respecto a 2014: el número de casos pendientes en los dos juzgados de Miranda era de 474 en la jurisdicción contenciosa, sobre un total de 1.598 en toda la provincia; de 80 sobre 300 en derecho de Familia; de 962 sobre un total provincial de 2.544 en asuntos penales; de 50 sobre 190 en violencia sobre la mujer en el ámbito penal; y otros 4 sobre 40 en el ámbito civil. La propuesta también fue apoyada por la Comisión de Presidencia.