Unidos Podemos propone combatir la corrupción con una “ambiciosa” reforma legislativa

Unidos Podemos asegura que el Gobierno de España está actualmente sostenido por el primer partido “imputado” de la democracia al que se investiga por presunta destrucción de pruebas, por un partido que reformó su sede en Madrid con dinero negro y que es considerado por un juez como responsable “a título lucrativo” de los delitos de la Gürtel. “En cualquier país europeo los casos de corrupción como los que salpican al PP hubieran supuesto la dimisión en bloque de todo el Gobierno” afirman.

“En España la corrupción se ha convertido en una lacra de carácter estructural conformada por el matrimonio entre una élite política y una élite empresarial que se enriquece a costa de la inmensa mayoría de los españoles” es por ello que Unidos Podemos incluye en su programa un completo paquete de medidas legislativas que impidan y combatan las prácticas corruptas, entre las que destacan:

- Reformulación de la Ley de Contratos del Sector Público para evitar que la laxitud en los procesos de contratación se conviertan en un coladero de corrupción.

- Limitación drástica de la financiación bancaria de los partidos políticos para que las formaciones políticas se puedan sentir más vinculadas a sus votantes que a los bancos.

- Bloqueo del acceso de ex cargos electos a los consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos (Puertas giratorias).

- Nueva Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Además, queremos equiparar la fiscalización de las fundaciones políticas a la de los partidos para evitar que las fundaciones se conviertan en vías alternativas de financiación.

- Creemos que deben eliminarse las excepciones al derecho de acceso a la información por motivos poco razonables o vagos como “los intereses económicos y comerciales" y otorgar carácter silencio positivo a la falta de respuesta de la administración, de manera que pueda reclamarse su cumplimiento.

- Derogación de la Ley Berlusconi (Ley Orgánica 13/2015 del 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que dificulta la investigación de los jueces limitando el tiempo disponible para la instrucción de las causas.