Las bonificaciones ICIO para el ARU salen adelante con el apoyo de PSOE e IU

Era el sexto punto del orden del día en la sesión plenaria celebrada durante la noche del jueves. El punto trataba la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras que afecta a los barrios donde se va a ejecutar el Área de Rehabilitación Urbana y que consiste en una bonificación del 95% del impuesto que generarán las obras y que ha establecido el Ayuntamiento tras conocer que la Junta de Castilla y León no las retomará.

Un punto que Izquierda Unida, por  voz de Manuel Burón defendía, considerándola justa y lógica y que tiene como objetivo que los barrios del ARU no se sientan discriminados respecto a las otras áreas ya rehabilitadas en el programa ARI.

Burón reprochaba al PP que durante los cuatro años de su gobierno podían haber adoptado esta medida, así como crear una línea de ayudas para las viviendas con más de 40 años.

El concejal popular Manuel Vega, aclaraba que su partido no estaba en contra de esta medida pero la entienden como un agravio comparativo por lo que proponen que no solamente las viviendas del ARI o ARU se vean beneficiadas por esta bonificación sino todos los inmuebles de 40 años o más. Vega puntualizaba que si esta solicitud es acepta podrían ir de la mano, Equipo de Gobierno y oposición.

La concejala del PSOE, Patricia Martín, señalaba que esta bonificación no tiene carácter retroactivo y defendía la creación de empleo. Además, recriminaba a los concejales populares de no estar de acuerdo con esta medida tras su voto en contra.

Esta modificación fue aprobada con los votos de IU y PSOE y con los votos en contra del Partido Popular.

Otros de los puntos era la  aprobación de la prórroga del contrato de gestión del servicio del Centro de Educación Infantil Alfonso IX de 0 a 3 años. 

Un servicio que desde Izquierda Unida y el PSOE continúan defendiendo que debe ser la Junta de Castilla y León la que se encargue de la gestión ya que es un servicio que desde el 2012 ha registrado un déficit anual que en el 2015 alcanzaba los 107.000€, tal y como indicaba el concejal Manuel Burón, a pesar de estos datos, el edil de Izquierda Unida argumentaba que es un servicio positivo “pero no a cualquier precio de asumir una competencia impropia”.

Por su parte desde las filas populares, Manuel Vega, indicaba que las competencias están definidas y admitía que el servicio es deficitario  pero que en los anteriores equipos de gobierno con el PP en el Ayuntamiento han querido mantener y proponía al Equipo de Gobierno que “dejen de quejarse y consigan que la gestión la asuma la Junta de Castilla y León”.

El concejal de educación, Antonio Vega, señalaba que el voto positivo de su partido era por responsabilidad política pero no le entusiasmaba que la gestión la afrontara el Ayuntamiento de Benavente.

Vega añadía que el Centro de Educación Infantil cuenta con una ocupación del 71% con 78 alumnos, además de reconocer el trabajo de las profesoras “que resuelven problemas de la Junta”.

Por otro lado el Partido Popular recomendaba al Equipo de Gobierno que no devolviera el importe de garantía a la empresa CRUZUL por la no construcción de viviendas sociales en la Avenida Plaza de Toros.

El concejal popular Manuel Vega se remitía a la Ley de Contratos del Sector Público como causas imputables al adjudicatario por no cumplir con el contrato, con lo cual la administración, en este caso el Ayuntamiento de Benavente,  podría acordar la incautación de la garantía. Además, añadía que cabe la posibilidad de que finalmente se tenga que devolver el dinero de la subvención por las viviendas más los intereses, por ello proponía exigir a la empresa, daños y perjuicios.

También, el edil del PP aconsejaba al Equipo de Gobierno que esperaran a la resolución presentada para evitar la devolución de los 250.000€ por no construir las viviendas para devolver la garantía y “si ha habido un daño al ayuntamiento que se quede con la garantía”.

El concejal de Izquierda Unida, Manuel Burón, anunciaba que su grupo votará a favor de la devolución de esa garantía, por importe de 30.050,60€, ya que señala que en 2009 se aprobaba el expediente pero que el contrato no se llegó a normalizar, por lo que anunciaba que no se procederá a la incautación “porque para que se cumpla un contrato debe haber dos partes firmantes”.

La concejala de hacienda, Patricia Martín recordaba a los concejales populares que le correspondía al PP hacer la incautación de la garantía además de indicar que las prescripción es a partir de cuatro de años desde que no se firma el contrato.

En la sesión plenaria de este jueves se debatieron las alegaciones presentadas a la creación del Reglamento Regulador del Consejo Sectorial de Fiestas.

Manuel Vega volvía tomar la palabra por parte del PP y destacaba que estas alegaciones han sido presentadas por el Secretario de IU de comunicación y que antes, añadía, fue militante del PSOE.

Vega indicaba que las alegaciones tienen parte de razón , incidiendo en que las personas que lo forman no representan un órgano de participación, además Vega añadía que los Consejos Sectoriales de Fiestas no han conseguido funcionar. En el segundo turno de intervención el concejal del PP agradecía la colaboración de todas las personas y concejales que han participado, desinteresadamente, en los consejos de fiestas y en las comisiones.

El concejal de Izquierda Unida  Manuel Burón, indicaba que las ventajas de este Consejo Sectorial de Fiestas está integrado por personas y asociaciones donde presentarán propuestas para desarrollar el programa de fiestas. 

Respecto a las alegaciones presentadas por un militante de IU, Burón indicaba que esa es la diferencias entre partidos de derechas, “sus militantes son sumisos  a sus dirigentes, mientras que los de izquierdas son libres de expresar sus ideas a nivel individual”.

Por su parte, Patricia Martín, como concejala de fiestas explicaba que las reuniones con  cada asociación, tal y como proponía una de las alegaciones, sería inoperativa. Martín indicaba que el objetivo principal de esta regulación es tener un control municipal y evitar casos, como el que está en la Fiscalía, de quedarse presuntamente el dinero de los programas.

Otro de los puntos que generaba debate era la modificación de la ordenanza de ruidos. El concejal de Izquierda Unida, Manuel Burón, explicaba que esta modificación cumple con los objetivos de complementar la Ley de Castilla y León, una adaptación donde el Ayuntamiento podrá imponer los anexos necesarios. Burón anunciaba que desde el Equipo de Gobierno se estudia la posibilidad de incluir una reducción del 50% por pronto pago a los que infrinjan los límites de sonido.

Además Burón añadía que es necesario crear un mapa de ruido, sobre todo con la llegada del Plan General de Ordenación Urbana.

El concejal del PP, Manuel Vega, tomaba el uso de la palabra para pedir al Equipo de Gobierno que esta ordenanza se quede sobre la mesa y les de tiempo a revisarla y presentar propuestas, ya que no han tenido tiempo de realizar una valoración, además de requerir más participación de los sectores sociales, ya que aseguraba que los mayores perjudicados de la ordenanza serán los hosteleros. 

Vega indicaba que la Ley se aprobó en 2015 y que eso le daba al Ayuntamiento tres años para aprobar la modificación, además de asegurar que es una medida recaudatoria.

La concejala de urbanismo, Sandra Veleda, recordaba al concejal popular que este Ley se aprobaba en el 2009, con la condición de que serán los ayuntamiento los encargados de la redacción de la ordenanza de ruidos y que pretende articular el cumplimiento de dicha Ley la cual sino existe un proyecto de impacto ambiental no es necesario una medición de ruidos.

Veleda recordaba que al Partido Popular se le entregó el borrador de la ordenanza, el 13 de enero a medio día,  para que presentaran propuestas antes del día 18 de enero.