Esta asociación de servicios a las personas mayores y sus familiares en el medio rural denuncia la falta de dotación de suficientes recursos para atender en tiempo y forma las solicitudes de valoración de dependencia y culpabiliza de esta situación a la Diputación de Zamora
Solidaridad Intergeneracional ha remitido una carta a los alcaldes de los 27 municipos que componen las 39 poblaciones de la Zona de Acción Social de Benavente, en la que les informa del incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, en la que se establece que la Zona de Acción Social debe de tener un módulo de 10.000 habitantes o menos, siendo la Zona de Benavente de 28.512 personas.
Culpabiliza esta asociación a la Diputación de Zamora y también a los gobernantes locales, por su responsabilidad pública, al tener ciudadanos en su Zona de Acción Social sin valorar por parte de los Servicios Sociales Públicos, incumpliendo la Ley 16/2010 que garantiza la universalidad, igualdad y responsabilidad pública, impidiendo el acceso a las prestaciones de servicios o prestaciones económicas, que son un derecho garantizado.
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Declara Ana Isabel Esteban, presidenta de Solidaridad Intergeneracional, “que la Diputación Provincial de Zamora, y la Junta de Castilla y León que son los máximos responsables públicos, discriminan a sabiendas a las personas dependientes de los pueblos que pertenecen al CEAS de Benavente, al no dotar con suficientes recursos la Zona de Acción Social, cerrando así, la puerta de entrada a los servicios sociales, pues la valoración técnica es la que posibilita el acceso a los recursos públicos que garantizan las leyes de las que nos hemos dotado. Animo a todos los afectados de revisión de grado, o primera valoración, que reclamen ante sus representantes sus derechos, que nunca deben de ser pisoteados.




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