El TSJCyL suspende las oposiciones a enfermería previstas para el 22 de noviembre.

El proceso se ha seguido a instancia de la Administración General del Estado, que alegaba para fundamentar la suspensión solicitada, la inexistencia de oferta de empleo público válida, pues la última databa del año 2011, cuando su plazo de validez conforme a la legislación vigente era de 3 años de duración. Alegaba asimismo la superación de los límites de déficit público máximo posible conforme a la Ley Orgánica 2/2012.

La Sala ha aceptado los argumentos esgrimidos por el Abogado del Estado, considerando que la carencia de oferta de empleo público válida constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho que arrastra a la convocatoria de pruebas selectivas efectuada.

Se considera también que es superior el perjuicio que se causa a los aspirantes de las pruebas selectivas por la realización de estas pruebas, ante la eventual nulidad del procedimiento que pudiera declararse por la Sala en la sentencia final que se dicte, que el que es inherente a la paralización de las pruebas, dada la tramitación preferente del procedimiento y la previsible rápida respuesta que se dará por la Sala en la resolución final del procedimiento.

Las pruebas se iban a realizar en Valladolid y León.

Por su parte desde el sindicato de enfermería de Castilla y León manifiesta su indignación por la situación generada por la suspensión cautelar inesperada de las oposiciones de enfermería a una semana de su celebración, debido al enorme perjuicio personal que se ocasiona una vez más al colectivo enfermero en esta Comunidad autónoma.

Desde SATSE piensan que ha habido ocultismo y que no se han atrevido a dar esta información por el momento electoral, “pero la realidad es que esta suspensión cae como un jarro de agua fría a los miles de enfermeros que llevan años esperando que haya este examen y que les afecta no sólo por las circunstancias del momento sino también por sus circunstancias personales”.

SATSE indican que, es el tercer proceso selectivo de enfermería que se judicializa en Castilla y León tras producirse las transferencias sanitarias en 2001, “lo cual deja clara la mala gestión de la Administración Sanitaria de esta Comunidad y su actitud negativa hacia el colectivo enfermero”.