Los jueces de Castilla y León tendrán acceso a la historia social de las víctimas de violencia de género para incrementar su protección

Con esta firma, Castilla y León se convierte en la primera Comunidad en contar con un método de intercambio de información con el sistema judicial. Compartir sus bases de datos facilitará a los jueces el acceso a la historia social de las víctimas, su situación y su entorno, y a la batería de recursos con los que cuenta la Comunidad. Este plus de información les resultará muy útil a la hora de adoptar medidas judiciales y tomar decisiones que redunden en una protección más eficaz de la víctima. Y a los profesionales de los Servicios Sociales que se encargan de atender a estas mujeres les permitirá contar con información actualizada sobre el estado de las órdenes de protección y la situación judicial de las víctimas, lo que ampliará sus posibilidades de ofrecer una atención integral a las mujeres.

Este convenio, asimismo, abrirá la puerta a un impulso en la formación, la coordinación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los profesionales del ámbito judicial y los profesionales de los Servicios Sociales. Todo ello facilitará una actuación homogénea y con una metodología común en el territorio de la Comunidad. Para lograr esa fluida colaboración con el sistema judicial, la Junta adaptará su Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género, en el que ya figuran más de 1.600 víctimas registradas, y pondrá a disposición personal para desarrollar las tareas formativas y de intercambio de experiencias.

El CGPJ, por su parte, se compromete a promover y favorecer la participación de los profesionales del ámbito de la justicia con jurisprudencia en Castilla y León en las actividades que se determinen para la interconexión de la información y la selección de los profesionales que tendrán acceso. Junto a esto, colaborará con la Junta de Castilla y León aportando personal de carácter voluntario.

El objetivo es prestar una atención integral a cada víctima, mediante un proyecto individualizado de seguridad y autonomía, que cubra la prevención, el apoyo, la seguridad, la asistencia con recursos especializados y la integración, que cuente con un profesional de referencia que le acompañe durante todo el proceso.

El acuerdo tiene como reto actuar antes incluso de que la víctima presente una denuncia. Con el nuevo modelo se incidirá en la detección de las mujeres que pudieran estar sufriendo maltrato, ya sea desde los servicios educativos, sociales o sanitarios, para iniciar los procesos de ayuda desde la fase más temprana posible y adaptados a las circunstancias de la mujer en cada uno de los momentos. Una ayuda que se prestará de forma 'invisible' para preservar su seguridad.

Para lograr estas metas, se requiere de la colaboración de toda la sociedad. De ahí que la Junta de Castilla y León esté implicando en un trabajo en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en cada etapa del proceso para facilitar a la víctima esa atención integral y que se sientan protegidas y apoyadas. No en vano, el problema requiere de un abordaje desde múltiples planos de actuación -policial, judicial, social, laboral, educativo...-.

El primer paso dado por la Junta de Castilla y León para tejer su modelo ‘Objetivo Violencia Cero’ tuvo lugar en el mes de julio cuando el Gobierno autonómico firmó un convenio, también pionero en España, con el Ministerio del Interior para integrar la aplicación telemática del Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León con el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género del Estado (Viogen).

De esta forma, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden disponer de información sobre la historia social de la víctima, lo que permitirá intensificar su labor de protección y seguridad, y los profesionales de los Servicios Sociales podrán ampliar sus posibilidades de detección de casos de violencia de género y ofrecer a las víctimas una atención ágil y eficaz para lograr su plena recuperación e inclusión en la sociedad.

El siguiente paso fue la firma, el pasado 9 de octubre, de un convenio de colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para reforzar la colaboración de las entidades locales en el modelo ‘Objetivo Violencia Cero’. Este convenio abrió la puerta a que el Registro Unificado de Violencia de Género de la Comunidad sea accesible a los profesionales de aquellas entidades locales que ya tengan acceso al sistema Viogen y que suscriban acuerdos específicos con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Al Registro Unificado de Violencia de Género de Castilla y León tendrán, por tanto, acceso jueces, cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y profesionales de las corporaciones locales vinculados a la atención a las víctimas de violencia de género. El objetivo es integrar en esta herramienta, tal y como ha remarcado la consejera, la información de la que disponen las administraciones para el uso de los profesionales de las administraciones públicas.

Milagros Marcos ha afirmado que crear un sistema “unificado” de información sobre las víctimas entre la Administración autonómica y la Justicia es “básico” para conseguir una mayor protección de las mujeres afectadas por esta lacra social. De la misma forma, que lo fue tender puentes de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con los profesionales de los Servicios Sociales de las corporaciones locales, a través de la FRMP.

A la firma de hoy, además de la consejera y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, han asistido la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género, y los vocales Carmen Llombart y Vicente Guilarte, así como la directora general de la Mujer de Castilla y León, Isabel Landa.