La plataforma contra la Ley Montoro comenzó su caravana en Benavente

La charla informativa encabezada por el periodista e integrante del frente cívico "Somos Mayoría" Carlos Pedrero, contó también con la participación  Angel del Carmen, secretario general de UGT Zamora y Jerónimo Cantuche de la FSP de UGT.



Para esta plataforma las consecuencias de la Ley Montoro son las siguientes:

1.- Se despoja a los pequeños Ayuntamientos de los Servicios sociosanitarios y sociales y se consagra un modelo puramente administrativo y prestador de servicios. El Artículo 1,8 y 1,9 no dejan lugar a dudas sobre las competencias sociosanitarias y sociales de los Ayuntamientos: solo ejercerán las competencias de "salubridad pública, cementerios y servicios funerarios", y "las de detección y evaluación de las situaciones de necesidad y la atención inmediata de exclusión social". El resto serán asumidos por las Comunidad autónoma gradualmente (en 5 años, un 20% cada año), aunque pueden ser delegados también en las Diputaciones (Disposición transitoria 1). En cualquier caso será imprescindible para poder ejercerlas que se presente antes del 1 de Noviembre de cada año "el coste efectivo" de cada servicio que deberá ser inferior al que presta la Diputación. De no ser así la propia Diputación propondrá "de conformidad con los municipios afectados, el Ministerio de Economía y del Administraciones Públicas, la forma de prestación que será prestado directamente por la Diputación u otras formas de gestión". Evidentemente el principio de "sostenibilidad" económica, como se ve, prevalece sobre el de "racionalización", que preconiza la Ley. ¿Dónde queda el principio de la autonomía local y el de subsidiaridad?.¿Dónde los servicios de proximidad?.

2.- Se inicia el camino de la desaparición de los pequeños Ayuntamientos. Los golpes de efecto durante la tramitación de la Ley, como el reconocimiento como Entidades Locales a las Pedanías, Las Entidades Locales Menores, las Juntas vecinales, las Mancomunidades, etc, que afecta a más de 3.700 localidades en toda España, 263 Pedanías y 14 Entidades Locales Menores, además de las 18 Mancomunidades existentes en nuestra provincia, se truncan una vez que se observan las dificultades que se les pone para mantenerse como tales.

El Preámbulo de la Ley deja claro que "se incentivan las fusiones ¿voluntarias? de los municipios con el incremento de su financiación, la preferencia en la asignación de planes de cooperación local o de subvenciones o la dispensa en la prestación de los nuevos nuevos servicios obligatorios como consecuencia del aumento poblacional. Estas medidas respaldadas por la jurisprudencia constitucional supondrá para los municipios fusionados un aumento de la financiación en la medida en que los municipios de menor población recibirán menos financiación". Y aunque la Ley olvida las competencias que en esta materia tienen las Comunidades autónomas se apunta claramente la salida para todas las Corporaciones menores de 20.000 habitantes, las fusiones de no menos de 5.000 habitantes (Art. 1,13),y se endurecen las condiciones de supervivencia del resto: además de la publicación obligada de los "costes efectivos" que difícilmente podrán competir con los de las Diputaciones, se exigirán los Planes económicos y financieros, previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y mientras se les exige la cobertura de los servicios comunes a todos los municipios, de alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, accesos y pavimentación, solo si justifica que los puede prestar a "coste efectivo", nada dice en la nueva Ley Financiación Autonómica y Local, de la que depende incluso el nuevo reparto de competencias( Art. 1,9). Las Comunidades autónomas ya han dicho cuáles son sus condiciones: la financiación de los nuevos servicios asignados (salud y enseñanza).¿ Lo han dicho las Administraciones Locales?. La fractura producida en la Federación de municipios y provincias en la tramitación de la Ley, ha impedido conocer sus exigencias financieras.

3.- Se abre el camino para la privatización de servicios y de patrimonio. Las innumerables nuevas competencias atribuidas a las Diputaciones (Art 1,13) no van a conllevar un incremento de sus actuales plantillas, sino que va a acudir a la gestión a través de consorcios a las empresas privadas, que ya han expresado su interés por gestionar ese patrimonio natural que poseen aquellos municipios que no tengan más salida que la cesión de su gestión a la Diputación Provincial. Se confirman los eternos males de este país que cuando no le salen las cuentas "echa mano de los montes" como se ha evidenciado en las sucesivas desamortizaciones del Siglo XIX, la de Mendizábal y Madoz, y antes en las Constitución de Cádiz: a la oligarquía del momento le apetecen los bienes de sus propietarios, campesinos en su mayoría, montes, pastos, forestal, caza y micología, aparte energías renovables, y el poder político del momento les allana el camino.

Estas tres consecuencias no son las únicas: el reajuste de los funcionarios y personal laboral de la Administración Local añade más dificultades e inseguridad a una Ley que además el Gobierno tiene previsto introducir de forma escalonada, más que para evitar consecuencias no deseadas en la gestión, para evitar su reflejo en las próximas citas electorales de este año, las elecciones europeas, y las municipales y autonómicas, además de las generales en el 2015. Ante la situación creada por la Ley de sostenibilidad y racionalización de la Administración Local, la PLATAFORMA EN DEFENSA DEL MUNDO RURAL DE ZAMORA, CONTRA LA LEY MONTORO, propone:

1º.- Proponer la aprobación en los Plenos de los diferentes Ayuntamientos de la provincia del correspondiente Recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, tal y como ha sido publicada en el BOE del pasado 30 de Diciembre, como ya se ha iniciado en alguna de las provincias limítrofes.

2º.- Invitar a los Alcaldes de la provincia de Zamora a que expliquen a sus convecinos todas las consecuencias de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y la sometan a la aprobación de sus vecinos, al margen de los partidos políticos, por los que se han presentado o militen sus alcaldes.

3.- Exigir al Consejo Provincial de Alcaldes de la provincia de Zamora, que mediante voto secreto, se someta a votación en la próxima y prometida Asamblea la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, después de sean informados, de forma profesional y no política sobre el real contenido y todas sus consecuencias de la Ley.

4.- Con el fin de aportar nuestro gratino de arena al debate abierto sobre la Ley Montoro, la PLATAFORMA EN DEFENSA DEL MUNDO RURAL DE ZAMORA, CONTRA LA LEY MONTRO, se dispone a poner en marcha una "CARAVANA INFORMATIVA" allá donde se le reclame, y donde se aprecie manipulación política por parte del Partido Popular, único partido que la defiende, o sus alcaldes y diputados, así como funcionarios acomodaticios.

5.- LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL MUNDO RURAL, CONTRA LA LEY MONTORO, considera que evitar la Ley en los términos que ha sido aprobada es prioritario para el futuro del Mundo Rural. Sin embargo no olvida que mantener nuestro mundo rural, evitar el ritmo creciente de despoblación, y dotarle de vida acogedora para sus habitantes seguirá siendo el objetivo del trabajo de esta PLATAFORMA.

Angel del Carmen, por su parte basó su exposición en el efecto que la política educativa está teniendo en la despoblación del mundo rural y Jerónimo Cantuche se encargó de desgranar las implicaciones que está teniendo en los servicios asistenciales sanitarios la política de la Junta de Castilla y Léon.

La caravana informativa continuará por los municipios de la provincia que así lo soliciten. "Allá donde se le reclame, y donde se aprecie manipulación política por parte del Partido Popular, único partido que la defiende, sus alcaldes y diputados, u otros cargos, así como funcionarios acomodaticios", informaron desde la Plataforma.