El objetivo es trabajar en la aplicación de la nueva Ley de Reforma Local que ha aprobado el Gobierno y que entró en vigor el 1 de enero.
“Queremos empezar a dibujar el panorama de la aplicación de la nueva Ley en la provincia y en el ámbito rural y cumplir el objetivo de la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos de la forma más eficaz y eficiente desde los principios de la transparencia y del respeto a la autonomía municipal”, señaló el presidente de la institución provincial.
En este sentido, hizo un llamamiento a los grupos políticos, incluso a aquellos que se han opuesto legítimamente a la Ley para que sea aplicada de la forma mejor posible, “porque lo cierto es que está aprobada y habrá que aplicarla”, afirmó Martínez Maillo, quien también insistió que hay que trabajar en dos ámbitos que son los más afectados como son los Consorcios y también en las transferencias de determinados servicios que ahora desarrollan los municipios y que pasarán a las comunidades autónomas por ser su competencia. “Eso no quiere decir que las administraciones locales no los podamos seguir prestando, como por ejemplo la Diputación los servicios sociales en la provincia. Pero, eso sí, tendrán que ser financiados íntegramente por la Comunidad Autónoma”, insistió el presidente de la Diputación. Por lo que se refiere a los consorcios y la prestación de determinados servicios, opinó que habrá que reforzarlos como, por ejemplo, el de recogida de residuos que tendrá que iniciar el proceso quizás desde el origen y no desde las plantas de transferencia como se hace en la actualidad. “En todo caso, siempre tendrá que ser con la transparencia en el coste del servicio que deberá conocer el ciudadano y con la voluntariedad de los ayuntamientos y mancomunidades, si así lo deciden”, señaló Martínez Maillo.
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