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Municipal

Técnicos municipales estudian la viabilidad jurídica para devolver parte de la paga extra a los trabjadores.

Interbenavente.es Domingo, 15 de Diciembre de 2013 Tiempo de lectura:

El dinero se mantiene congelado en un fondo municipal que no se puede emplear para otro fin, lo que significa que económicamente no supondría dificultad para el Ayuntamiento realizar su pago.

En relación a la solicitud del PSOE para que sea devuelta la paga extra de diciembre 2012 a los trabajadores municipales, el Ayuntamiento de Benavente informa que ya se está estudiando desde hace meses por parte de los técnicos municipales la viabilidad jurídica para la devolución de la parte de la paga extraordinaria devengada el segundo semestre de 2012.


Desde el Ayuntamiento explican que el dinero se ha retenido en cumplimiento de un Real Decreto Ley y por tanto su devolución debe ser ajustada a derecho. “En tanto en cuanto, no existe una norma posterior del mismo o superior rango que derogue el citado RDL, este Ayuntamiento se ve en la obligación legal de cumplir y acatar la ley”.


Respecto a las sentencias del juzgado de lo social a las que hacía referencia el Partido Socialista, desde el Equipo de Gobierno indica que no hay que olvidar que en el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia no es fuente del derecho “la jurisprudencia la marca el Tribunal Supremo y no los juzgados de lo social. Del mismo modo que solo el Tribunal Constitucional puede indicar la inconstitucionalidad de una Ley. Por lo tanto, no cabe aquí el término “ilegalidad” empleado por el Partido Socialista pues no existe sentencia al respecto del Constitucional


Desde el Consistorio benaventano entienden que su obligación es la que marca la constitución del Poder Ejecutivo y por tanto la de administrar y hacer cumplir las leyes. “Corresponde a la justicia su interpretación y mediación en situaciones ambiguas o dudosas como puede ser el devengo de la parte proporcional de la paga extraordinaria de Diciembre. El Ayuntamiento de Benavente no puede incumplir un Real Decreto-Ley, y por tanto considera que debe ser la justicia quien clarifique este asunto”.


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