Izquierda Unida presenta una moción en contra de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

La idea de los concejales de Izquierda Unida es que El Ayuntamiento de Benavente muestre su rechazo a la reforma de la administración local y solicita al Gobierno de la nación que, a fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su Proyecto de Ley y elabore uno nuevo en base a los principios de consenso y de los compromisos políticos básicos, debiendo contar con la participación de las administraciones locales, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.

Además de dar traslado de los acuerdos a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Presidente del Gobierno.

Entre las razones que presentan los ediles es la oposición a nivel nacional de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular e indican que esta ley va a ser “una apuesta por la decadencia de las referidas comunidades ciudadanas, que no resuelve en absoluto los problemas reales de estas entidades, que no son los de los alcaldes y alcaldesas sino los de los vecinos. Es un texto que en lugar de profundizar en los derechos democráticos de participación ciudadana, atenta decididamente contra ellos”.

Por otro lado indican que por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitan al Gobierno que, fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno nuevo en base a estos principios consensuado con los Alcaldes/as en el que se materialicen las necesidades reales de los municipios y de las entidades locales menores.

Desde IU advierten que el Proyecto reduce el respeto a la autonomía local a una mera declaración sin contenido, frente a un alud de instrumentos de tutela económica y de gestión y que La reforma local que se define en el Proyecto, sin perjuicio del conjunto de objeciones de fondo que se formulan en estas alegaciones, tendría que establecer su carácter supletorio respecto a las CCAA con competencias plenas en la materia.

También consideran que el Proyecto penaliza las administraciones que han realizado un esfuerzo más eficaz en favor de la contención del déficit público.