El Consejo de Alcaldes del PSOE acuerda presentar un recurso al Tribunal Constitucional contra el decreto de la Junta de Financiación Local

La Permanente del Consejo de Alcaldes del PSOE de Castilla y León acordó durante la tarde de ayer por unanimidad, presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto- Ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, que tiene por objeto la modificación de la Ley 10/2014 y que convierte fondos que las entidades locales (de más de 1.000 habitantes) recibían de forma incondicionada en fondos condicionados en cuanto a su destino.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, tras reunir a la Permanente del Consejo de Alcaldes, considera que el decreto acordado de manera “unilateral” por el Gobierno de Castilla y León “desvirtúa la regulación de los fondos y se realiza a través de un instrumento prohibido por el Estatuto de Autonomía”. Por eso, se ha decidido, añade, “dar este importante paso en defensa de la autonomía local de los ayuntamientos de la Comunidad, que están siendo maltratados por el Gobierno del señor Mañueco”.

El líder socialista subraya que “el PP no está correspondiendo a la lealtad que se le ha tenido durante estos meses. Ha roto, una vez más, un acuerdo de Comunidad cambiando la financiación destinada a los ayuntamientos, a los que dedica la mitad de dinero que otras comunidades autónomas, y haciendo más difícil que estos ayuden a sus vecinos en la peor crisis de nuestra historia”.

“La Junta de Castilla y León, Mañueco e Igea, seis meses después, no sólo no han dado ni un euro en ayudas a trabajadores, familias o empresas sino que parecen empeñados en que los ayuntamientos tampoco puedan hacerlo”, añade Tudanca.

Por eso, concluye, “recurrimos al Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local y de la gente de esta tierra ante un gobierno autonómico que solo está preocupado de la propaganda”.

En el encuentro de los socialistas consideran que “esta normativa impuesta por el Ejecutivo autonómico condiciona la autonomía de los ayuntamientos para destinar financiación a lo que de verdad necesita la gente. De esta forma, se vuelve a primar el cemento y al ladrillo”.

En aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la vulneración por un Decreto-Ley de los límites materiales establecidos en su Estatuto supone a su vez una vulneración de la Constitución. De esta forma, la Junta de Castilla y León rompe de forma unilateral un acuerdo de Comunidad (La financiación local recogida en la Ley 10/2014) en mitad de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente.

Tudanca sostiene que “el Partido Popular aprovecha las circunstancias, en mitad de la pandemia, para colar por la puerta de atrás un ataque a la autonomía local de las entidades locales en un contexto en el que la oposición del Partido Socialista en Castilla y León podría calificarse como la más ejemplar de España”.

Además, Tudanca y el Consejo de Alcaldes critican que este decreto se aprueba en mitad del ejercicio económico, “cambiando las reglas en mitad del partido y sin haberlo hablado con las entidades locales, lo que representa una falta de lealtad institucional sin precedentes. Y todo ello impidiendo el debate y la participación ya que, al ser decreto ley, no articula ni el Consejo Consultivo, ni el Consejo Económico y Social y, lo que es más grave, ni el Consejo de cooperación local” añaden.

Por otra parte, la Permanente del Consejo de Alcaldes considera que el Gobierno de Mañueco “utiliza esta herramienta como elemento de propaganda ya que esas inversiones municipales computarán como financiadas por la Junta de Castilla y León”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Alcaldes, el primer edil del Ayuntamiento de Soria, Carlos Martínez, desea trasladar “el “hartazgo” de los ayuntamientos por el “uso y abuso” que el Gobierno autonómico hace de los mismos al mismo tiempo que les pide “colaboración incondicional” para salir de esta crisis sanitaria, que se ha vuelto también económica y social”.

Martínez también critica que el Ejecutivo de Castilla y León “utilice 20 etiquetas para 20 problemas sin que haya fondos extraordinarios para atajarlos. Pretende el Gobierno de Mañueco, sostiene el alcalde soriano, combatir la despoblación, afrontar la Agenda 2030 o desarrollar el Pacto por la Reconstrucción con las mismas partidas pero con nombres cambiados”.

Asimismo, considera que “no podemos hacernos trampas al solitario, tampoco los ayuntamientos gobernados por el PP, porque es un autoengaño”.

Por ello, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, el burgalés Ánder Gil, precisa que “el Senado es la Cámara territorial de España, y los socialistas vamos a poner a esta Cámara al servicio de los castellanos y leoneses para que se dé marcha atrás a un decreto injusto. Castilla y León y sus ayuntamientos pueden contar con los socialistas del Senado”.

Al margen de las conclusiones adquiridas en esta reunión, en el pasado Pleno Municipal la coalición PSOE-IU presentaba una moción sobre la defensa de la financiación local que fue aprobada por unanimidad de todos los concejales de la Corporación Municipal.