Día Sábado, 21 de Febrero de 2026
Un texto emitido en cada ayuntamiento promovido por la sede central de los Populares en Génova
Los seis concejales del Grupo Municipal del Partido Popular firman y registran la moción para solicitar al Congreso de los Diputados que “se interpele al Presidente del Gobierno sobre los acuerdos alcanzados con independentistas y se rechace la actuación de un presidente que ha pactado con aquellos que quieren acabar con el consenso constitucional y la igualdad de todos los españoles”.
En la exposición de motivos argumentan que todo cargo público “cuando toma posesión del mismo debe prometer o jurar “por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de dicho cargo con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. Algo que se estipula en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas.
Los populares recuerdan al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su discurso del pasado 4 de enero en el que “realizó una serie de afirmaciones abiertamente contrarias a algunos de los principios recogidos en nuestra Carta Magna, principios que constituyen el fundamento de España como nación y como Estado de Derecho”. Se refieren a la afirmación de ““devolver a la política un conflicto político” y “retomar la única vía posible: la política, retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto y la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española", en referencia a la autodeterminación de Cataluña.
“Además, se refirió a nuestro país como “España federal” y manifestó que somos un país en el que se han desarrollado “identidades nacionales”; definió como “zancadillas” las decisiones de la Junta Electoral Central [unas decisiones amparadas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y que se derivan de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña]. De esta forma se situó del lado de un condenado por desobedecer las leyes y no del lado de la ley y la convivencia”, indican desde el Partido Popular.
También indican en el texto de la moción, que entre otros pactos suscritos, Sánchez se compromete a “Impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia. (Punto 4 del "Acuerdo entre PSOE y EAJ-PNV)”, indicando también las medidas en que “se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político. (Punto 2, apartado 4 del "Acuerdo para la creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya para la resolución del conflicto político" firmado entre PSOE-PSC y ERC)”.
![[Img #124670]](https://interbenavente.es/upload/images/01_2020/8914_pleno-26-julio-7043.jpg)
Ante estos argumentos la propuesta que los concejales populares presentan para el Pleno se encuentra la de instar al Presidente del Gobierno a romper sus acuerdos con ERC y Bildu.
Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, soliciten la comparecencia del Sr. Sánchez para ser interpelado sobre los siguientes aspectos:
1. Si su afirmación de “dejar atrás la judicialización del conflicto" implica:
a) revertir políticamente las condenas que la justicia ha impuesto a los condenados por delito de sedición, entre otros, cuando en octubre de 2017 vulneraron la ley con el objetivo de romper nuestra nación.
b) no actuar con toda la fuerza de la ley y la Justicia españolas contra aquellos dirigentes políticos que, como Torra, ya han afirmado que desobedecerán las resoluciones judiciales y seguirán intentando lograr la independencia de Cataluña por cualquier vía.
2. Si su afirmación de “que la ley no basta” supone abandonar la obligación de todo ciudadano, una obligación legal y moral que se amplifica en el caso de un cargo público, de denunciar delitos y comportamientos contrarios de la ley.
3 Como podrá cumplir lo establecido en los artículos 1.2 y 92.1 de nuestra Constitución ("la soberanía reside en el pueblo español" y "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos") cuando en su acuerdo con el PNV una parte de España ha decidido sobre las competencias (en este caso de tráfico) de otra autonomía (en este caso Navarra) y ha acordado con ERC "una consulta a la ciudadanía de Catalunya- no a todos los españolespara validar las medidas en que se materialicen los acuerdos a los que llegue la mesa bilateral entre el gobierno de España y el Govern de a Catalunya".
4. Si cuando anunció un "nuevo tiempo para España" se debe a que su gobierno pretende cambiar nuestra Constitución (y con ella nuestro sistema político y los principios básicos de nuestra democracia) de manera subrepticia, sin seguir los cauces previstos en los artículos 166 y siguientes de nuestra Carta Magna y sin que puedan opinar todos los españoles.
5. Si su afirmación de que "se aplicará un cordón sanitario a las ideas" y su intención de poner en marcha una estrategia nacional de lucha contra la desinformación significará un control por parte del gobierno de los medios de comunicación (puesto que el Sr. Iglesias considera que "la existencia de medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión") y la exclusión del debate de aquellos que discrepen del gobierno.
6. Si su intención de derogar la LOMCE lleva implícita la eliminación de la enseñanza concertada en nuestro país (tal y como el Sr. Iglesias ha propuesto en diversas ocasiones) y la supresión de la libertad de los padres, reconocida en la Constitución y avalada por diferentes sentencias del TC, de elegir aquel modelo educativo que mejor se adapte a sus creencias y forma de vida.
Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, presenten una moción para rechazar la actuación del Presidente del Gobierno. Un presidente del Gobierno que ha pactado con aquellos partidos que buscan romper la unidad española y acabar con la democracia y el Estado de Derecho vigentes en nuestro país. IV.
Una moción que será trasladada, si consigue su aprobación a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a la Comisión de Peticiones del Congreso en virtud del artículo 77 de la CE.




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