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Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida explican que el Ministerio de Justicia lleva tiempo planteando una reforma integral de los Registros Civiles. La ley 20/2011 es la que regula esta reforma y en la misma sólo se mantendría una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma y, como máximo, otra más por cada 500.000 habitantes. Mientras que en la actualidad nuestra comunidad de Castilla y León cuenta con un número similar al de municipios (2248), con la aplicación de la citada reforma pasaría a contar únicamente con cuatro o cinco.
Remarcan que hasta ahora y desde hace 150 años, todos los trámites que se realizan ante cualquier Registro Civil (matrimonios, nacimientos, defunciones) “son totalmente cercanos a la ciudadanía y realizados por personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia o personal idóneo de los ayuntamientos. Con la materialización de este proyecto de reforma de la distribución los Registro Civiles desaparecerían en la mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones”.
Desde IU advierten que con el traslado de estos registros a las capitales “se está obligando a los vecinos de las localidades más pequeñas, a cubrir decenas de km para ejercer su derecho, pagando los honorarios correspondientes, a gestorías o despachos profesionales, además de suponer un deterioro en la dinámica social y económica de los medianos y pequeños núcleos de la de población”.
![[Img #122480]](https://interbenavente.es/upload/images/12_2019/778_378_buron-26-m-0707.jpg)
Para el próximo 30 de junio de 2020 está prevista la entrada en vigor de la citada Ley 20/2011 del Registro Civil.
Para IU, “de producirse la supresión de este servicio público, una vez más, serán los vecinos de las pequeñas localidades los paganos que sufrirán una nueva discriminación hacia la tan mentada “España vaciada” . Otra más, y nos tememos que no será la última” denuncian.
“Por tales motivos, desde Izquierda Unida defenderemos el valor del Registro Civil como instrumento básico y esencial que presta un servicio directo a sus vecinos, y solicitamos una prórroga de la ley 20/2011 y mostramos nuestro más profundo rechazo al cierre de los Registro Civiles de manera indiscriminada, sin criterio y sin generación de valor en relación a la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
Izquierda Unida se opone –sin paliativos- a semejante pretensión, que tendría como consecuencia un grave deterioro del servicio público, eliminando recursos y suprimiendo empleo en el mundo rural” defienden.
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