Una Red de Protección ayudará a las familias más vulnerables de Castilla y León ante la crisis.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, lo ha anunciado minutos antes de iniciarse una reunión -encabezada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera-, fijada para implicar a los agentes económicos y sociales representados en el Consejo del Diálogo Social, el Tercer Sector, las corporaciones locales y los empresarios en el diseño de esta red integral.

A todos ellos, Herrera les ha propuesto abrir una línea de trabajo para ‘tejer’ un circuito para que las familias cuenten con la ayuda que precisan en cada momento para abandonar su situación de vulnerabilidad. Para ello, es necesario analizar, interrelacionar y coordinar, antes del mes de junio, los 19 programas de prevención, de atención y de inserción social y laboral que ha ido poniendo en marcha el Ejecutivo Autonómico desde 2011 y sobre los que hay que trabajar ante a la situación de algunas familias en estos momentos.

El objetivo es crear un “macrosistema de protección” de las familias que se convierta en seña de identidad de Castilla y León, y lograr entre esos agentes públicos y privados optimizar, revisar y adaptar los recursos, así como interrelacionar programas, fusionar, agregar o definir nuevas líneas de trabajo que resultan prioritarias para paliar situaciones de vulnerabilidad social de las familias.

Grupos de trabajo para vincular los programas de la Junta.

Para comenzar a diseñar y coordinar este novedoso sistema de protección, al que se le dará forma administrativa para su creación, funcionamiento y consolidación, la Junta de Castilla y León pone sobre la mesa los 19 programas que ha ido implantando para ayudar a las familias que peor lo están pasando con la crisis.

Cinco de esos 19 programas corresponden al ámbito preventivo: Información y asesoramiento a familias en riesgo de exclusión social, elaboración de planes de economía familiar, el programa de Apoyo a las familias e Intervención Familiar, los programas de infancia y la información laboral. Seis son programas de atención directa: Renta Garantizada de Ciudadanía, Ayudas de Emergencia Social, Red de Distribución de Alimentos, alojamiento alternativo y de urgencia, Servicio Integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio y programas de atención inicial y acogida a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Y por último, siete programas están orientados a la inserción social y laboral: programa personal de integración y empleo (PIE), programas de orientación y asesoramiento sociolaboral, así como programas de formación para el empleo, de apoyo al autoempleo, fomento del empleo para la contratación de personas en situación de exclusión social. A estos hay que sumar el paso dado a mediados del año pasado por la Junta para adjudicar contratos que incluyan cláusulas sociales que favorezcan el empleo de los colectivos más vulnerables, o el reconocimiento de empresas de Economía Social.

Los actores protagonistas del diseño de la Red de Protección.

Los agentes sociales y económicos, representados en el Consejo del Diálogo Social, desempeñarán un papel relevante en el desarrollo de este gran proyecto de Comunidad, de la misma forma que ya vienen colaborando activamente en la estructura de los Servicios Sociales y participando en proyectos como la Renta Garantizada de Ciudadanía o las Ayudas de Emergencia Social.

Un paso más para ayudar a las familias de la Comunidad.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que Castilla y León figura entre las comunidades autónomas pioneras a la hora de generar nuevos derechos y ayudas para prevenir la pobreza, favorecer la inserción laboral y preservar el grado de cohesión social. Entre ellos ha citado la Renta Garantizada de Ciudadanía, el Servicio Integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio o la Red de Distribución de Alimentos.

Esta anticipación ha contribuido en parte a que la situación de la Comunidad “no resulte tan preocupante como en el resto de España”, según Marcos. Como ejemplos, la consejera ha citado que la tasa de privación material severa se sitúa en España en el 3,9 %, frente al 1,8 % en Castilla y León, o que el riesgo de pobreza infantil, según datos de UNICEF, es del 22,4 % en la Comunidad, dos puntos menos que la media de España.

Sin embargo, existen indicadores que impulsan al Gobierno autonómico a actuar y a dar un paso más para ayudar a las familias que están atravesando una situación complicada. No en vano, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicadas por el INE, la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en Castilla y León en el 23,5 %, o el 3,4 % de las familias tiene retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal -cuatro puntos por debajo de la media nacional- y el 5,4 % presenta muchas dificultades para llegar a fin de mes.