Castilla y León, primera Comunidad Autónoma en España en dotarse del “Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar”

El Consejo de Gobierno ha aprobado el primer ‘Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar en Castilla y León’, un Plan cuyo desarrollo temporal está previsto para el periodo 2019-2023 y que contará para impulsar las 121 actuaciones que prevé con una financiación de 146,5 millones de euros para todo este periodo. Castilla y León se convierte así en la primera comunidad autónoma en España en aprobar un Plan de estas características con el objetivo de abordar de manera integral los distintos tipos de violencia que se producen en el seno de las familias. Es un Plan muy participado ya que, junto a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que es la impulsora del mismo, el Plan ha contado con la aportación de Educación, Sanidad, de todos los colectivos del Consejo de Servicios Sociales y con la participación ciudadana a través de Gobierno Abierto.

Castilla y León cuenta ya con dos sistemas de protección específicos muy instaurados en la Comunidad, como son el sistema de protección a la infancia y el sistema de protección a las víctimas de violencia de género, que cuentan con marco jurídico y redes de actuación específica. Pero esas no son las únicas situaciones de malos tratos que se pueden producir en las familias, por lo que ahora este Plan viene a abordar la protección a la familia de forma integral, a todos sus miembros y con especial a tención a las personas mayores o personas con discapacidad, ante distintos tipos de violencia que pueden producirse en estos entornos como la física, psicológica, sexual o patrimonial. En este sentido, el Plan identifica las diferentes manifestaciones de la violencia en el seno de las familias, en referencia a cuatro grupos de relaciones bidireccionales: relaciones padres hijos, relaciones de pareja, personas mayores y personas con discapacidad.

El plan cuenta con dos grandes objetivos: sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de un buen trato familiar y abordar desde una perspectiva integral la prevención, detección, notificación y derivación de cualquier tipo de violencia en el seno de la familia. En este sentido, destacan algunas grandes novedades que se introducen en este Plan en materia de investigación, formación, detección y atención a las personas que sufren este tipo de violencia en el entorno familiar.

Entre las medidas más novedosas relacionadas con la atención se encuentran el desarrollo de un servicio telefónico de información y orientación sobre violencia en el ámbito familiar; el desarrollo de un servicio de apoyo a las familias que sufren violencia; la activación de los ingresos residenciales en situaciones de prioridad social en los casos necesarios de malos tratos o de violencia de género a personas mayores y/o con discapacidad; la implementación en todas las corporaciones locales y en las gerencias territoriales de servicios sociales de programas de intervención específicos.

Destaca también el hecho de dotar a los profesionales que trabajan en ámbitos que puedan estar relacionados con este tipo de violencia de herramientas de valoración y protocolos específicos con los que poder detectar precozmente situaciones de violencia en las familias y actuar con criterios de actuación unificados.

La formación cumplirá un papel importante en el Plan y aporta también novedades ya que, junto al refuerzo a la formación especializada a los profesionales de la sanidad, educación, servicios sociales y profesionales del tercer sector enfocada a identificar qué recurso es el más adecuado para cada necesidad, es novedosa la apuesta por formación también para las familias y para aquellos que participen en la red de voluntariado de apoyo a las familias.

El Plan agrupa sus ejes y actuaciones en cuatro grandes ámbitos: sensibilización, formación, detección y evaluación y atención, dentro de los cuales se trazan 18 objetivos estratégicos que contemplan hasta 121 actuaciones.

Una de las cuestiones que pretende poner en marcha el Plan es la realización de estudios actuales que permitan hacer una radiografía de este problema, ya que los datos disponibles en muchos casos son parciales y antiguos. En todo caso, hay ciertos datos que pueden ayudar a enmarcar la realidad de la violencia en el ámbito familiar en Castilla y León.

En lo relativo a la violencia respecto de los menores, en Castilla y León, entre 2007 y 2019, la violencia de género dejó 58 menores huérfanos, hijos de 35 mujeres que fueron asesinadas. Junto a esto, en 2018 se abrieron un total de 478 nuevos expedientes de protección, 248 niños y 230 niñas y, en total, 1.919 menores contaron con expediente de protección. Entre las causas que motivaron los expedientes destacaron la negligencia física (27,21 % de los casos) y la negligencia psíquica (22,32 %). El maltrato físico y psíquico estaba presente en el 9,9% y 11,46% de los casos, respectivamente.

Respecto a la violencia filioparental, el dato del número de sentencias dictadas por los juzgados de menores en Castilla y León en los que se acuerda la imposición de una medida consecuencia de una infracción por este tipo de comportamientos ha pasado de 37 en 2007 a 85 en 2017, y representa cerca del 11 % del total de sentencias con medida.

En relación con la violencia de género destaca, en 2017 respecto a 2016, el número de denuncias presentadas creció un 16,8 % y el de las órdenes de protección concedidas un 11,7 %. Respecto a los menores víctimas de esta violencia, y con datos nacionales del Ministerio de Igualdad, desde 2013 son 27 los niños que han sido asesinados en España, ninguno de ellos en Castilla y León, y 194 los que han perdido a sus madres.

En cuanto el maltrato a personas mayores, encuestas nacionales señalan que el 0,8 % de las personas mayores entrevistadas había sido víctimas de maltrato por parte de algún familiar, porcentaje que aumentaba hasta el 1,5 % entre las personas mayores dependientes, a lo que se añade que las personas mayores presentan mayores tasas de todos los tipos de maltrato.

Por último, y respecto al maltrato de la personas con discapacidad, en la Macroencuesta realizada en 2015 por el Ministerio de Sanidad sobre violencia contra la mujer se indica que la prevalencia de la “violencia severa” en las mujeres con discapacidad por parte de sus parejas es mayor a la que sufren las personas sin discapacidad, 6,4 % en el caso de mujeres sin discapacidad frente al 12 % en mujeres con discapacidad.