IU ante el 40º Aniversario de la Constitución Española

El próximo día 6 de diciembre celebramos el 40º aniversario de la Constitución. Han pasado ya cuatro décadas de aquel 6 de diciembre de 1978, día en que el pueblo español, con un 88% de los votos, dio su respaldo al proyecto de Constitución aprobado por las Cortes Generales, elegidas democráticamente el 15 de junio de 1977.

Con ejemplar responsabilidad y sentido constructivo, los españoles nos dotamos de una norma constitucional que proclama en su artículo 1 el principio fundamental de nuestro sistema de convivencia política, al afirmar que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Celebramos el 40 aniversario de nuestra Constitución, en un momento en el que la ciudadanía española está mostrando su plena madurez democrática asumiendo un papel activo, reivindicativo y participativo en la defensa de los valores de la Constitución y reclamando una más clara y contundente respuesta de la política y de las instituciones a los retos que debe afrontar nuestra democracia.

España es un país sólido, en el que disfrutamos de una democracia asentada, después de la superación de serias dificultades y graves acontecimientos de quienes no querían facilitar la consolidación de este modelo de convivencia, y que ha apostado abiertamente por defender el proyecto común de la Unión Europea. El momento actual requiere un diálogo sosegado y el mayor consenso posible en los principales asuntos, para salir, todos juntos, de la actual situación de crisis.

Vivimos un momento social y político nada fácil, que requiere reformas en profundidad para poder dar respuesta a las cuestiones que están azotando a nuestra democracia y a la cohesión de nuestra sociedad. La crisis económica que siguen sufriendo seriamente gran parte de las familias y de la ciudadanía españolas y que ha situado la tasa de desigualdad en España entre las más altas de Europa; la corrupción que está poniendo en entredicho el funcionamiento democrático de nuestras instituciones; y las disfunciones que ya no puede resolver nuestro Estado de las Autonomías, necesitan respuestas contundentes, que cuenten, además, con el mayor respaldo posible, tanto político como social. 2019 será un año clave para nuestra Democracia.

Ni el retroceso, ni el inmovilismo, ni la ruptura son la solución que España necesita. La solución, una vez más, es la reforma. Por ello, Izquierda Unida propone una evolución natural de nuestra Constitución de 1978, actualizando el diseño territorial del Estado, tanto en el ámbito autonómico como el local. Queremos dar a nuestra Carta Magna un contenido federal con la idea de reforzar nuestra identidad, compatibilizándolo con el respeto profundo a la pluralidad de los pueblos que integran España y contribuyendo, así, a fortalecer la Unión Europea ante un mundo global, diverso e interdependiente.

Aunque el balance del funcionamiento de nuestro Estado de las Autonomías ha sido positivo, porque resolvió de forma eficaz la vertebración de España y la cohesión de nuestra sociedad, creemos preciso acometer ahora una serie de reformas que integren plenamente a todos sus territorios en un nuevo espacio de convivencia.

El resurgimiento de viejas tentaciones centralista y secesionista, fruto de la actual crisis económica y política, hacen imprescindible avanzar hacia esa nueva estructura de carácter federal, que requerirá, con el esfuerzo y la generosidad de todos, el consenso de la Constitución del 78, acuerdo que ha hecho posible nuestra convivencia durante estos 40 años.

Desde Izquierda Unida entendemos que ese nuevo pacto puede tener una base sólida con el reconocimiento de unos principios esenciales: la igualdad de los derechos básicos de toda la ciudadanía, cualquiera que sea su lugar de residencia; el respeto de las identidades diferenciadas dentro de España, en un proyecto colectivo común; la recuperación del respeto y de la lealtad institucionales; la potenciación de la cooperación efectiva entre el Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos, y de éstos entre sí.

Para Izquierda Unida, además del artículo 155, hay que aplicar los artículos de la Constitución que hablan del derecho a un trabajo digno, a la vivienda, a la sanidad, a la educación o de garantizar unas pensiones dignas.

De esta forma, conseguiremos potenciar la solidaridad necesaria para seguir reduciendo las desigualdades territoriales, y una mayor eficacia y racionalización de la gestión de los recursos públicos, lo que permitirá preservar nuestro Estado del Bienestar y facilitar, y también mejorar, la existencia y la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, blindando el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, ya sea la Educación, la Sanidad, el sistema general de dependencia o las pensiones, con una acuciante reforma del artículo 135 de la Constitución.

Una mejor ordenación de las diferentes Administraciones del Estado pasa, además, por reforzar el papel de nuestros Ayuntamientos, abordando una legislación diametralmente opuesta a la reforma local del Gobierno del PP desde el reconocimiento constitucional de la autonomía local y del derecho de nuestros entes locales a participar en los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas, sin ningún tipo de condición. La administración local permite una proximidad entre gobernantes y ciudadanos, que favorece la calidad de la democracia y propicia un mejor control de la ciudadanía y una más visible rendición de cuentas.

Este reforzamiento de la democracia no resulta incompatible, sino complementario, con los criterios económicos de eficiencia y eficacia. La autonomía municipal no se debe reducir o limitar a la prestación obligatoria de servicios jurídicamente configurados como derechos de los vecinos. La autonomía de los municipios es de naturaleza política, por lo que exige competencias propias para el impulso de políticas específicas, que puedan contribuir a preservar el Estado del Bienestar.

Por eso, desde IU instamos al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a que inicien los trabajos oportunos de estudio de la reforma de la Constitución Española, para alcanzar el encaje constitucional adecuado de los distintos territorios que componen España, de tal forma que se garantice la unidad territorial y una distribución competencial territorial adecuada para conseguir un país moderno y descentralizado.

Además, instamos a poner los medios necesarios para el cumplimiento de los derechos sociales recogidos en la Constitución, incluyendo en su caso las modificaciones a ésta que permitan mayores garantías para su cumplimiento: el derecho a un empleo y a un salario; el derecho a la protección social en casos de necesidad (jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por enfermedad, maternidad o paternidad, accidentes laborales); el derecho a la vivienda; el derecho a la educación; el derecho a la sanidad; el derecho a un medio ambiente saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública; el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.