PSOE e IU presentarán a pleno una moción para instar Gobierno a la reforma de las pensiones y otras medidas de orden social

Según el Equipo de Gobierno, las consecuencias devastadoras que ha provocado tanto la crisis que arrastramos desde hace una década como la gestión de la misma, se siguen notando en las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social. Entre los colectivos más castigados se encuentra el de personas pensionistas, cuyo poder adquisitivo está en caída libre y en cuyas espaldas recae no sólo la ardua tarea de subsistir con sus mermadas pensiones, sino en muchos casos ser el sostén de sus familias: hijos e hijas que han perdido el empleo o que tienen salarios tan escasos que hacen imposible que salgan adelante sin la ayuda de sus mayores.

Atendiendo a los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en nuestra comunidad viven más de 600.000 personas pensionistas, con una pensión media de 917,87€. En la provincia de Zamora hay 49.303 pensionistas, con una pensión media de 769,60€. De éstos, el 60% de los pensionistas de Zamora cobra una pensión pública que es inferior al Salario Mínimo Interprofesional (707,70€), siendo el porcentaje más alto de Castilla y León, superando en casi diez puntos a la media del resto de las provincias -51,5%-, y porcentaje que desciende al 50,5% en España.

“Es imprescindible y urgente abordar una reforma integral del sistema público de pensiones, con el objetivo de garantizar este derecho y hacerlo de manera suficiente, actualizada y conforme a los principios constitucionales que lo consagran” aseguran.

Por todo ello los grupos municipales de PSOE e IU del Ayuntamiento de Benavente instan al Gobierno Central a incorporar, entre otras, las siguientes medidas legislativas y presupuestarias:

• Introducir financiación del sistema público de Seguridad Social a través de los PGE cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar la acción protectora de la Seguridad Social y unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.

• Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC, garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas.

• Suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, que sólo han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las empresas sin traducción en creación de empleo de calidad y que suponen una fuerte pérdida injustificada de ingresos para la Seguridad Social.

• Incrementar los ingresos del sistema:

a.- Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras.

b.- Potenciar la actividad de la Inspección de Trabajo, intensificando las campañas en los sectores en los que se ha detectado mayor fraude en la contratación a tiempo parcial, como hostelería y comercio.

• Modificar las infracciones y su régimen sancionador en el Texto Refundido para mejorar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.

• Eliminar el factor de sostenibilidad recogido en la Ley 23/2013, contrario al principio de suficiencia recogido en el artículo 41 de la CE y del índice de revalorización, contrario en este caso al derecho constitucional a tener una pensión actualizada, según establece el artículo 50 de la CE.

• Restituir la edad de jubilación en los 65 años y que, a partir de los 61 años, las personas con 35 años cotizados puedan jubilarse sin penalización.

• Introducir las modificaciones legales que permitan la posibilidad de elegir para el cálculo de la base reguladora los 240 mejores meses de toda la vida laboral, sin que los mismos deban ser consecutivos.

• Flexibilizar los requisitos para acceder a la jubilación anticipada, a la jubilación parcial y suprimir los incentivos al retraso de la jubilación.

• Incorporar las horas extraordinarias en el cálculo de la base reguladora y recuperación de la cuantía del 60% de la misma a partir de los seis meses de percibir la prestación, actualmente en el 50%.

• Fijar la cuantía mínima del subsidio por desempleo en el 75% SMI, actualmente en el 80% del IPREM, elevando todos los subsidios en función de las cargas familiares hasta un 133%.

• Recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, actualmente 55 años, extendiéndolo a las personas fijas discontinuas y a las personas trabajadoras de régimen agrario, elevando su cuantía al 75% del SMI, abriendo la posibilidad a optar entre el subsidio y la jubilación anticipada y computando para su cálculo los ingresos de la persona beneficiaria, no los de toda su unidad familiar.

• Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género):

• Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas.