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Regional

La Junta de Castilla y León pone en marcha un programa de apoyo a las familias con riesgo de desahucio.

Interbenavente Domingo, 21 de Octubre de 2012 Tiempo de lectura:

Las familias de la Comunidad que se encuentren en riesgo de desahucio contarán desde el mes de noviembre con un servicio de apoyo integral, liderado por la Junta de Castilla y León y coordinado con una pluralidad de agentes, que pretende abordar el problema desde el primer síntoma de riesgo real hasta ofrecer una respuesta final si llega a producirse el lanzamiento hipotecario.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha mantenido una reunión de trabajo con las entidades que se han adherido al Servicio de Apoyo Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio. Este servicio, pilotado en el ámbito de los Servicios Sociales, estará en marcha a primeros de noviembre y cuenta con más de 76 profesionales que trabajarán en la Comunidad para guiar a las familias en la búsqueda de una solución, basada en la prevención y, en especial, en la intermediación de la Administración Regional ante entidades financieras para tratar de elaborar planes de reestructuración de la deuda u otras alternativas que permita a las familias conservar sus viviendas habituales.

Durante 2011 se produjeron en la Comunidad 3.027 desahucios, mientras que solo en el primer semestre de 2012 se han contabilizado 2.297 lanzamientos, por este motivo, nace de forma pionera en España en el ámbito de los Servicios Sociales este servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de insolvencia, con el objetivo de contribuir entre todos, desde el sector público y el privado, a paliar la angustiosa situación por la que atraviesan muchas familias castellanas y leonesas. 

 

En esta tarea están involucradas la Consejería de Familia, que pilota y coordina el programa a través de la Gerencia Regional de Servicios Sociales, así como la Consejería de Economía y Empleo y la Consejería de Fomento, pero también las corporaciones locales, el Colegio de Registradores, el Colegio de Abogados, entidades sin ánimo de lucro, entre ellas Cáritas regional, y 10 entidades financieras (Caja España-Duero, Banco Popular, Cajamar, Caja Rural de Burgos, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander, Banesto, Banco Sabadell y Bankinter).

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