Día Viernes, 30 de Enero de 2026
Una moción que será votada en el próximo pleno municipal del 24 de noviembre.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida justifican esta moción indicando que la aprobación Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha supuesto a juicio de muchos alcaldes y concejales del Estado español, de diferentes ideologías políticas, “el mayor ataque a la autonomía local y a la capacidad de gestión de los ayuntamientos de todo el periodo democrático, así como un intento concreto de eliminar y destruir los servicios sociales municipales”.
Esta Ley, para los concejales de Izquierda Unida, lejos de avanzar en la solución de los problemas endémicos de las corporaciones locales centrados en el reconocimiento de la capacidad de gestión y en la insuficiente financiación, ha ahondado en ambos exhibiendo un concepto de Ayuntamiento que se aleja del modelo constitucional, considerándolo como mero colaborador subordinado a otras administraciones territoriales.
Además Izquierda Unida señala que este Ley ha suscitado un amplio rechazo político y social y ha sido objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad, pendientes todos ellos de resolución, interpuestos por más de 3.000 ayuntamientos que representan a más de 15 millones de habitantes utilizando el mecanismo de impugnación previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional bajo la denominación de Conflicto en Defensa de la Autonomía Local, y por varias Comunidades Autónomas.
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IU indica que según el Consejo General de Trabajo Social, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales o las Plataformas en Defensa de Servicios Sociales, de aplicarse el calendario previsto, la prohibición de que las Entidades Locales sigan prestando numerosos servicios sociales y la imposibilidad de las Comunidades Autónomas de asumirlos, unida a una situación de inmovilismo, podría provocar a nivel estatal hacer peligrar los 3.000 millones de euros invertidos en estas políticas sociales tan necesarias actualmente, y que se sumarían a los más de 5.000 millones que ya han recortado las Administraciones Públicas en esta materia en los últimos años.
Por todas estas razones desde el grupo municipal de Izquierda Unida pretende instar al Gobierno Regional a garantizar la continuidad de los servicios sociales municipales, así como su gestión por los ayuntamientos, a partir del 1 de enero de 2016 con una financiación adecuada. Además de remitir el presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, a la Presidencia del Gobierno y a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla y León.



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